Aunque caminar es la forma de movilidad más básica y universal, la experiencia cotidiana de millones de personas sigue marcada por obstáculos físicos, omisiones gubernamentales y prácticas culturales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. La investigación propone reconocer la desigualdad peatonal como una forma específica de desigualdad urbana que afecta la manera en que las personas transitan, permanecen y se apropian de la ciudad
Uno de los principales aportes de la tesis es desarrollar el concepto desigualdad peatonal en el centro del debate sociológico y de las políticas urbanas, mostrando que caminar no es solamente una práctica de movilidad, sino también una experiencia atravesada por relaciones de poder, decisiones institucionales y procesos de exclusión territorial. Diversos dictámenes académicos destacan que la investigación amplía la discusión sobre las formas en que la desigualdad se manifiesta en el espacio urbano y aporta elementos relevantes para el diseño de políticas públicas más incluyentes.
La autora identifica tres dimensiones que permiten comprender el concepto desigualdad peatonal. La primera es la dimensión espacial, visible en banquetas deterioradas, barreras físicas, falta de accesibilidad y espacios públicos diseñados sin considerar las necesidades de quienes caminan. La segunda es la dimensión gubernamental, vinculada con la brecha existente entre el reconocimiento legal del derecho a la movilidad y su materialización efectiva mediante políticas públicas, programas e infraestructura. La tercera es la dimensión simbólica, relacionada con las creencias, discursos y relaciones de poder que históricamente han privilegiado al automóvil y responsabilizado a los peatones de los riesgos que enfrentan en la vía pública cotidianamente.
A partir del estudio de la Glorieta de Etiopía[2] en la Ciudad de México, la investigación demuestra que las obras urbanas, aunque necesarias, no son suficientes para eliminar la desigualdad peatonal. Aun en espacios intervenidos para mejorar la caminabilidad, las personas mayores continúan manifestando miedo, sensación de vulnerabilidad y falta de reconocimiento como sujetos de derechos. Esto evidencia que la infraestructura debe acompañarse de cambios institucionales y culturales que promuevan el respeto, la accesibilidad y la seguridad de quienes caminan. Asimismo, el análisis de redes sociales permitió identificar narrativas, conflictos y percepciones que revelan la persistencia de una cultura urbana donde las personas peatones continúan ocupando una posición subordinada frente a otros modos de transporte.
Caminar es un derecho humano
La investigación deja una reflexión fundamental para quienes pensamos y construimos ciudades saludables: la desigualdad peatonal no es un problema individual, sino una expresión de cómo se distribuyen los recursos, las prioridades y el poder en el espacio urbano. Reconocerla es el primer paso para impulsar políticas públicas que coloquen a las personas en el centro de la planeación, fortalezcan la accesibilidad universal y garanticen que el derecho a caminar se ejerza en condiciones de seguridad, dignidad y bienestar.
Entre los principales hallazgos destaca la ausencia de una política pública integral orientada específicamente a garantizar el derecho a la movilidad peatonal. Las personas consultadas señalaron la necesidad de banquetas accesibles, mantenimiento permanente, prioridad peatonal, coordinación interinstitucional, campañas de información, inclusión y cumplimiento efectivo de la normatividad vigente. Estas demandas reflejan una brecha persistente entre las necesidades de la población y la actuación gubernamental.
La investigación concluye que reducir la desigualdad peatonal requiere avanzar hacia una gobernanza peatonal, entendida como la construcción de capacidades compartidas entre gobierno, ciudadanía, academia y organizaciones sociales para diseñar ciudades más accesibles, seguras y humanas. Reconocer a las personas peatones como protagonistas de la vida urbana implica no sólo mejorar la infraestructura, sino también humanizar las ciudades y fortalecer el ejercicio efectivo de sus derechos.
Las ciudades saludables no se construyen únicamente con obras públicas. También requieren instituciones comprometidas, comunidades informadas y una visión urbana que coloque a las personas en el centro de las decisiones. Caminar con seguridad, autonomía y dignidad no debería ser un privilegio, sino una condición básica para ejercer plenamente el derecho a la ciudad.
Los integrantes del jurado coincidieron en señalar que la investigación constituye una aportación original al estudio de la ciudad, al vincular movilidad, desigualdad social y políticas públicas desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. También destacaron su capacidad para proponer nuevas formas de análisis sobre los derechos humanos y la necesidad de construir ciudades más accesibles, equitativas y humanas.
Porque una ciudad saludable no se mide únicamente por la infraestructura que construye, sino por la forma en que permite que todas las personas la caminen, la transformen y la disfruten.
[1] De la investigación (2023) “La desigualdad peatonal y diseño de políticas públicas en la Ciudad de México: análisis de las dimensiones espacial, gubernamental y simbólica en un espacio cotidiano y en redes sociales”, desarrollada por la Dra. Perla Ernestina Castañeda Archundia, Doctorado en Sociología, UAM-A.
[2] Ubicada en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Ciudad Saludable 